En Tanzania, las autoridades han acusado a cientos de personas de traición por su participación en manifestaciones vinculadas a unas elecciones locales altamente disputadas. La cifra de procesados y la dureza del cargo llaman la atención, porque la traición suele reservarse para casos extremos y porque los hechos están relacionados con protestas y reclamos políticos más que con un intento de subvertir el orden por la vía armada. Organizaciones opositoras y grupos de derechos humanos denuncian un uso expansivo de la legislación penal para acallar el disenso y enviar un mensaje ejemplificador al resto de la sociedad, en un contexto de creciente tensión entre gobierno y oposición.
El caso tanzano vuelve a poner en el centro el debate sobre los límites de la protesta y la reacción estatal en sistemas políticos con instituciones frágiles o con controles menos robustos. Mientras el gobierno insiste en que busca preservar la estabilidad y evitar episodios de violencia, el riesgo es que se consolide una dinámica en la que cualquier cuestionamiento sea rápidamente asimilado a un delito contra la seguridad del Estado. De fondo, la situación refleja el pulso más amplio que recorre varias democracias africanas: cómo responder a la presión social y a las tensiones electorales sin erosionar aún más la legitimidad institucional ni cerrar los pocos canales de participación que siguen abiertos.