Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más profundas de los últimos años. Desde el 1 de mayo de 2026, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido, las movilizaciones no han cesado y han derivado en un estado de tensión máxima que tiene como epicentro la ciudad de La Paz y el municipio vecino de El Alto. A casi tres semanas de iniciado el conflicto, el país enfrenta bloqueos generalizados, desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, y una creciente presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira para que renuncie al cargo.
Origen y escalada del conflicto
El detonante inmediato de la crisis fue la aprobación de la Ley 1720, una polémica normativa que proponía la monetización de tierras comunitarias y que afectó directamente a pequeños productores agrícolas e indígenas. La marcha amazónica convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) partió el 8 de abril desde Cobija y recorrió el país durante casi un mes hasta llegar a La Paz, obligando finalmente al gobierno a derogar la Ley 1720 el 13 de mayo. Sin embargo, para esa fecha la protesta ya había adquirido una dimensión política mucho mayor que excedía el reclamo sectorial original.
En paralelo, la COB declaró el paro general indefinido el 1 de mayo exigiendo un aumento salarial del 20%, la eliminación de reformas tributarias para pequeños comerciantes, incremento de pensiones y la reducción de sueldos de altos funcionarios. El presidente Paz respondió señalando que ya había otorgado un incremento del 20% del salario mínimo en enero, y cuestionó las demandas adicionales en un contexto de economía "quebrada".
La dimensión económica: raíz estructural del malestar
Detrás de las protestas se encuentra una crisis económica de gran magnitud. Bolivia cerró el año 2025 con un déficit fiscal del 12% y proyecta un déficit del 9,2% para 2026, con una inflación del 15% y un PIB con proyección negativa del 1,3%. El desabastecimiento de combustibles —agravado por años de dependencia de importaciones que llegaron a representar el 90% del diésel consumido en el país— ha generado escasez en estaciones de servicio y disparado los precios de la canasta básica. En enero de 2026, el gobierno llegó a declarar la "emergencia energética y social" mediante el Decreto Supremo 5517.
La crisis energética refleja el agotamiento de un modelo que durante dos décadas dependió de los ingresos del gas natural. Bolivia, que podría convertirse en importadora neta de gas ya en 2028, enfrenta el desafío estructural de reformar el sector hidrocarburos. En abril de 2026, la renuncia de la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, con advertencias sobre el estado "deteriorado" de la empresa estatal, evidenció la profundidad del problema institucional en el área energética.
Variables clave de la crisis
| Variable | Dato / Estado |
|---|---|
| Inicio del paro general (COB) | 1 de mayo de 2026 |
| Déficit fiscal 2025 | 12% del PIB |
| Inflación estimada 2026 | 15% |
| Proyección PIB 2026 | -1,3% |
| Puntos de bloqueo activos (18/05) | 22 puntos en todo el país |
| Detenidos (16/05) | 47 personas |
| Heridos reportados | Al menos 5 (Defensoría del Pueblo) |
| Muertos denunciados | Al menos 4 (organizaciones sociales) |
| Posición del gobierno sobre renuncia | Descartada categóricamente |
El factor Evo Morales: entre las protestas y la justicia
La crisis adquiere una dimensión adicional por la figura del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien opera desde su bastión cocalero en el Chapare, Cochabamba. El 11 de mayo arrancó formalmente el juicio oral en su contra por trata agravada de personas —acusación vinculada a una presunta relación con una menor de 15 años durante su presidencia—, pero Morales no se presentó a la audiencia y fue declarado en rebeldía. La Fiscalía reunió más de 170 pruebas de cargo y emitió nuevas órdenes de arresto. Una condena podría implicar entre 15 y 20 años de prisión.
Morales apoyó públicamente las manifestaciones, aunque negó conducirlas directamente. Su entorno lanzó la denominada "Marcha por la Vida para salvar Bolivia", que partió el 12 de mayo desde Caracollo, en Oruro, y llegó a El Alto el 17 de mayo tras siete días de caminata. Entre los marchistas se encontraban los Ponchos Rojos, movimiento indígena aimara históricamente ligado al evismo. El gobierno de Paz acusó a Morales de "mover los hilos" de la crisis y denunció un "plan macabro" financiado por el narcotráfico desde el Chapare.
Enfrentamientos y costo humano
El lunes 18 de mayo representó el pico de violencia más reciente. Miles de manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza de Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento en La Paz, siendo repelidos por policías antimotines con gases lacrimógenos, mientras los protestantes respondían con piedras, petardos y cargas de dinamita. El gobierno desplegó también al Ejército para desbloquear carreteras, aunque luego ordenó el repliegue para evitar "un derramamiento de sangre". El secretario general de la COB, Mario Argollo, fue detenido bajo acusaciones de "instigación pública" y "terrorismo", lo que los sindicatos denunciaron como persecución política.
La posición del gobierno y la reacción internacional
El canciller Fernando Aramayo descartó de manera categórica cualquier posibilidad de renuncia del presidente Paz y condicionó el diálogo al abandono previo de las "acciones violentas". A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos emitió un pronunciamiento de respaldo a Paz a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, condenando las acciones dirigidas a desestabilizar al "gobierno democráticamente elegido" y alertando sobre la crisis humanitaria generada por los bloqueos. En sentido contrario, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó su respaldo a Morales y cuestionó la "soberbia geopolítica" externa.
Perspectivas y fragilidad institucional
La crisis boliviana expone la fragilidad del modelo de transición política instaurado tras las elecciones de 2025, en las que Paz ganó en segunda vuelta con el 54,96% de los votos, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Apenas seis meses después de su asunción, el presidente enfrenta una presión social sin precedentes. Los analistas advierten que la combinación de un deterioro económico estructural, demandas sociales acumuladas, fragmentación política y la crisis judicial en torno a Morales configura un escenario de alta inestabilidad con pocas salidas inmediatas. La resolución del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para ofrecer concesiones económicas creíbles sin comprometer la frágil estabilidad fiscal.