Las autoridades de Sri Lanka enfrentan una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años tras varios días de lluvias intensas que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en amplias zonas del país. El balance preliminar señala decenas de víctimas fatales, personas desaparecidas y centenares de viviendas dañadas, en un contexto de infraestructura saturada y comunidades que permanecen aisladas por el colapso de rutas y puentes.
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno dispuso el cierre de todas las oficinas públicas y de los establecimientos educativos, con el objetivo de reducir los desplazamientos y facilitar las tareas de rescate. Las autoridades de gestión de desastres describieron una situación dinámica y compleja, con ríos desbordados, embalses al límite de su capacidad y barrios enteros anegados en áreas urbanas y rurales.
Las regiones más afectadas incluyen zonas montañosas del centro del país, donde se registraron deslizamientos de tierra que arrasaron viviendas y cortaron caminos clave. En varios distritos, familias completas debieron ser evacuadas a refugios temporales instalados en escuelas, templos y edificios comunitarios, mientras equipos de emergencia trabajan para localizar a personas reportadas como desaparecidas. Las imágenes difundidas muestran viviendas semienterradas, vehículos arrastrados por el agua y plantaciones seriamente dañadas.
El impacto sobre la red de transporte también es significativo. Además de los cortes de ruta por derrumbes y desbordes, el servicio de trenes fue suspendido en diversos tramos debido a la presencia de barro, rocas y árboles sobre las vías, así como por tramos ferroviarios inundados. Esta situación complica el traslado de personal de emergencia y la llegada de asistencia a las zonas más aisladas, por lo que el despliegue de helicópteros y embarcaciones se volvió imprescindible en algunos sectores.
Las autoridades ordenaron el despliegue de unidades militares para reforzar los operativos de rescate y distribución de ayuda. Soldados y equipos especializados colaboran con bomberos, policía y personal sanitario en la evacuación de personas atrapadas, la remoción de escombros y la instalación de infraestructura básica en los centros de refugio. Los esfuerzos se concentran en rescatar a quienes permanecen en viviendas en riesgo de colapso o en zonas donde el terreno continúa inestable.
En términos sociales, el desastre golpea con fuerza a las comunidades de menores recursos, que suelen habitar viviendas más vulnerables ubicadas en laderas, márgenes de ríos o zonas de relleno. Muchas familias han perdido no solo sus hogares, sino también herramientas de trabajo, animales y reservas de alimentos. Las organizaciones humanitarias advierten que, más allá de la emergencia inmediata, el país deberá enfrentar un proceso prolongado de recuperación para restituir medios de vida y reconstruir infraestructuras básicas.
Los daños económicos aún son difíciles de estimar, pero los primeros informes señalan afectaciones en tierras agrícolas, redes eléctricas, caminos secundarios y centros productivos regionales. La interrupción de actividades comerciales y de transporte tendrá impacto en el abastecimiento interno, al tiempo que generará costos adicionales para reparar y reforzar infraestructura crítica en los próximos meses.
Especialistas en clima y gestión de riesgos subrayan que este tipo de episodios extremos encaja en una tendencia de mayor variabilidad climática, con lluvias más intensas concentradas en períodos cortos. La combinación de pendientes pronunciadas, deforestación en algunas cuencas y expansión urbana sin planificación adecuada incrementa la vulnerabilidad frente a inundaciones repentinas y deslizamientos masivos. En ese contexto, se vuelve central revisar criterios de uso del suelo, mapas de riesgo y estándares de construcción.
El gobierno ha señalado que, una vez superada la fase más aguda de la emergencia, se abrirá un debate sobre cómo reforzar los sistemas de alerta temprana, mejorar el drenaje en áreas urbanas y fortalecer la coordinación entre agencias nacionales y autoridades locales. También se anticipa la necesidad de revisar protocolos de evacuación y educación comunitaria en torno a riesgos climáticos, para reducir el número de víctimas en futuros eventos de similares características.
La situación de Sri Lanka vuelve a colocar en primer plano la discusión sobre la adaptación a fenómenos meteorológicos extremos en países con recursos limitados y alta densidad poblacional. El desafío no solo consiste en atender la crisis actual, sino en impulsar políticas de largo plazo que permitan proteger a las comunidades, preservar la infraestructura crítica y minimizar los costos humanos y económicos de desastres que, según advierten los especialistas, podrían volverse más frecuentes en el futuro cercano.