El 15 de mayo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Israel y Líbano habían acordado extender por 45 días el cese de hostilidades establecido el 16 de abril. El portavoz Tommy Pigott informó que la decisión se alcanzó al término de dos jornadas de conversaciones que el propio Departamento de Estado calificó de "muy productivas", y que la prórroga tenía como objetivo "permitir que se sigan realizando avances" en las negociaciones. La agenda quedó fijada: una reunión de delegaciones militares en el Pentágono el 29 de mayo, y una nueva ronda de negociaciones en la vía política el 2 y el 3 de junio. Es la tercera prórroga desde el inicio del alto el fuego y la más extensa acordada hasta ahora.
Para comprender el alcance de este acuerdo es necesario situarlo en su contexto. El conflicto entre Israel y Líbano —más precisamente, entre el Ejército israelí y la milicia Hezbolá— se intensificó a partir del 2 de marzo de 2026, tres días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuando Hezbolá lanzó cohetes sobre Israel en represalia por el asesinato del líder iraní Jamenei. Desde esa fecha, los ataques israelíes en territorio libanés causaron más de 2.900 muertos, cerca de 400 de ellos después de que entrara en vigor el alto el fuego del 16 de abril. Israel desplazó aproximadamente 1,2 millones de personas en el sur del Líbano y estableció una amplia zona de seguridad en la frontera, que mantiene ocupada con fuerzas propias.
La prórroga negociada el 15 de mayo es técnicamente entre el Gobierno de Israel y el Gobierno libanés, no entre Israel y Hezbolá. Esa distinción no es un detalle menor: Hezbolá no forma parte de estas negociaciones, no se considera vinculado por el acuerdo y ha declarado que responderá a cualquier violación israelí. Los combates no cesaron durante la vigencia del alto el fuego —el propio Ejército israelí confirmó la muerte de un soldado en el sur del Líbano durante la misma semana de las conversaciones— y hasta la reunión del 14 y 15 de mayo Israel realizó ataques diarios contra objetivos de Hezbolá. En palabras del portavoz israelí en Washington, "habrá altos y bajos en el proceso, pero el potencial de éxito es enorme". Una formulación que reconoce implícitamente que el cese de hostilidades es, en la práctica, poroso.
Es precisamente esa porosidad la que convierte este acuerdo en un proceso peculiar desde el punto de vista diplomático. Lo que se negocia no es un cese real de los combates —que continúan—, sino un marco político y de seguridad que permita avanzar hacia acuerdos más sólidos. Según la Wikipedia del proceso, estas son las primeras negociaciones directas entre Israel y el Gobierno libanés desde el fracaso del Acuerdo del 17 de mayo de 1983. Que los dos países se sienten a hablar, con delegaciones militares incluidas por primera vez en esta tercera ronda, es en sí mismo un hecho diplomático de significado histórico, independientemente de lo que ocurra en el terreno.
Los objetivos de largo plazo que Estados Unidos y el Gobierno israelí persiguen en estas negociaciones son conocidos y exigentes: el reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial, el establecimiento de condiciones de seguridad reales en la frontera, y el desarme de Hezbolá. Ese último punto es el más delicado: el Gobierno de Beirut nunca ha controlado efectivamente a Hezbolá, y exigirle que lo haga como condición para una paz duradera implica pedir al Estado libanés algo que históricamente ha estado fuera de su alcance. La comunidad internacional lleva décadas señalando que la debilidad estructural del Estado libanés frente a Hezbolá es uno de los nudos irreductibles del conflicto en la región.
El papel de Irán añade otra capa de complejidad. Teherán exige explícitamente el cese de las operaciones militares israelíes en el Líbano como condición para cualquier avance en las negociaciones sobre su propio programa nuclear con Estados Unidos. Eso convierte el proceso israelí-libanés en un subsistema del conflicto más amplio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Si las conversaciones sobre el programa nuclear iraní avanzan, el incentivo iraní para que Hezbolá reduzca los ataques aumenta; si fracasan, el frente libanés puede convertirse nuevamente en un instrumento de presión de Teherán sobre Israel. La prórroga de 45 días crea una ventana de tiempo, pero no resuelve esa dependencia estructural.
Desde una perspectiva analítica, el anuncio del 15 de mayo es un avance real pero limitado. Es real porque mantiene abierto el único canal de negociación directa que existe entre Israel y el Gobierno libanés, porque incorpora por primera vez a delegaciones militares en la mesa, y porque fija una agenda concreta con fechas específicas. Es limitado porque los combates no cesan, porque Hezbolá permanece fuera del proceso, y porque los objetivos finales —reconocimiento mutuo, desmilitarización del sur del Líbano— son de una magnitud que 45 días de prórroga no resolverán. La historia del Líbano está llena de acuerdos que detuvieron temporalmente la violencia sin resolver sus causas. Este proceso puede ser diferente, pero aún no hay evidencia de que lo sea.
Lo que sí está claro es que la administración Trump invirtió capital político en este proceso y tiene incentivos para que funcione. La mediación estadounidense es activa y comprometida, algo que no siempre fue así en episodios anteriores. Si las reuniones de mayo y junio producen acuerdos de seguridad verificables y reducciones tangibles en los enfrentamientos diarios, el proceso podría ganar la credibilidad necesaria para dar pasos más ambiciosos. Si los combates escalan o si Hezbolá lanza un ataque de gran escala, la prórroga podría desmoronarse antes de expirar. La diferencia entre ambos escenarios depende, en gran medida, de decisiones que no tomarán ni el Gobierno israelí ni el Gobierno libanés, sino la milicia que no está sentada en la mesa.