Desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques aéreos que desencadenaron la guerra con Irán, el Estrecho de Ormuz pasó de ser una arteria vital del comercio global a convertirse en el principal escenario de una crisis energética, militar y diplomática sin precedentes recientes. Por esa franja de apenas 33 kilómetros de anchura transitaba hasta entonces el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado comercializados en el mundo. Desde que la Guardia Revolucionaria iraní comenzó a bloquear el paso, a atacar cargueros y a sembrar minas, el flujo de esa energía se redujo de manera drástica. Y ahora, Teherán dio un paso más: formalizó un sistema de peajes para los buques comerciales que quieran cruzar por la ruta que Irán considera bajo su control.

El anuncio lo realizó el 15 de mayo el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi. Según sus declaraciones, Irán ha diseñado "un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada", aplicable únicamente a los buques comerciales y a los países que "cooperen con Teherán". La lógica del sistema es clara: quien pague el peaje —que expertos estiman podría alcanzar hasta dos millones de dólares por embarcación— obtiene paso; quien no lo pague, y quien esté vinculado al "Proyecto Libertad" lanzado por Estados Unidos para escoltar buques a través del estrecho, no lo obtendrá. En la práctica, Irán está convirtiendo el Estrecho de Ormuz en un punto de peaje soberano donde el control real del tráfico lo ejerce la Guardia Revolucionaria, no el derecho internacional.

Esa pretensión choca frontalmente con el derecho del mar. El Estrecho de Ormuz está regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que garantiza el derecho de tránsito inocente y el paso en tránsito para todos los buques. Expertos jurídicos citados por El País y la Comisión Europea señalaron de forma inequívoca que Irán no puede imponer tarifas ni restricciones al tráfico en esas aguas: no está concediendo un favor al permitir el paso, sino cumpliendo con obligaciones internacionales. Sin embargo, la diferencia entre lo que establece el derecho y lo que puede hacerse cumplir militarmente en medio de una guerra activa es muy relevante: Irán no acata la norma, y ningún actor ha podido restablecer el tráfico libre de manera plena.

La respuesta de Trump fue inmediata y escalada. En una publicación en Truth Social, el presidente amenazó con bombardeos de "mayor nivel e intensidad" si Irán no acepta un acuerdo de paz, y advirtió que el "alto al fuego está en soporte vital" tras el rechazo iraní a las condiciones estadounidenses, que incluyen explícitamente que Teherán abandone sus pretensiones nucleares y renuncie al control soberano sobre el estrecho. A esas amenazas se suman las que ya fueron emitidas en semanas anteriores: Trump había amenazado con destruir las plantas de energía iraníes, los pozos petrolíferos, la isla de Kharg y posiblemente las plantas de desalinización del país. Son amenazas que oscilan entre la presión diplomática y el umbral del crimen de guerra, y que generaron alarma tanto entre los aliados de Washington como en organismos internacionales.

El contexto en el que se produce esta nueva escalada es el de un alto al fuego frágil y un proceso de negociación estancado. Las conversaciones de Islamabad, que en abril parecían una vía posible para encauzar algún tipo de acuerdo, fracasaron sin producir resultados. Irán rechazó renunciar a su control sobre el estrecho y a su programa nuclear. Estados Unidos rechazó reconocer cualquier soberanía iraní sobre las aguas del Golfo. Entre ambas posiciones hay una brecha que las mediaciones de Pakistán y Qatar no han podido cerrar. El vice presidente JD Vance fue quien encabezó las conversaciones de Islamabad, y su fracaso dejó a Trump ante la disyuntiva de escalar militarmente o aceptar un acuerdo parcial que su retórica hace muy difícil de justificar políticamente.

El impacto económico global de esta crisis es cuantificable y severo. Desde el bloqueo, los precios del petróleo se dispararon, los fletes marítimos de las rutas alternativas —el Cabo de Buena Esperanza en África, el Canal de Suez bajo mayor presión— aumentaron de forma significativa, y los países importadores de crudo iraní, particularmente China e India, debieron reorganizar sus cadenas de suministro energético de manera urgente. La operación "Proyecto Libertad", lanzada por Estados Unidos el 4 de mayo con 15.000 efectivos, más de 100 aeronaves y destructores con misiles guiados para escoltar buques comerciales, fue suspendida temporalmente "a pedido de Pakistán y otros países" que buscaban preservar el espacio para la negociación. Con la negociación estancada y el sistema de peajes iraní formalmente activado, es probable que esa operación retome su ritmo o sea intensificada.

Desde una perspectiva analítica, la crisis del Estrecho de Ormuz muestra con claridad los límites de la lógica de coerción militar cuando se aplica a un escenario geopolítico complejo. Estados Unidos e Israel destruyeron gran parte de la infraestructura militar iraní, eliminaron a su líder supremo y a varios altos mandos, pero no lograron el objetivo estratégico central: la rendición o el cambio de régimen en Teherán. Irán perdió capacidades militares pero conservó su palanca más valiosa —el control efectivo sobre el estrecho— y la usa con una lógica transaccional que mezcla guerra, extorsión y negociación. El sistema de peajes no es solo una medida económica; es un mensaje político que dice que Irán sigue ejerciendo poder sobre el paso más importante de la geopolítica energética mundial.

El riesgo de una nueva escalada sigue siendo real y no debe subestimarse. Irán amenazó con "respuestas fuertes y decisivas" contra buques y bases estadounidenses ante cualquier nuevo ataque. Trump amenazó con bombardeos de mayor intensidad si no hay acuerdo. Ambas partes tienen incentivos para mantener la presión sin cruzar hacia una guerra total, pero también han demostrado en los últimos meses que la escalada puede producirse por cálculos equivocados, por provocaciones menores o por la dinámica interna de cada gobierno. Y si esa escalada se materializa sobre el Estrecho de Ormuz, las consecuencias no serán solo para Irán y Estados Unidos: serán para la economía global y para todos los países que dependen de ese corredor para acceder a la energía.