EE.UU. sanciona a dos mexicanos y nueve empresas por la red de contrabando de combustible del CJNG: cuarto episodio de una escalada sistemática contra el huachicol fiscal, segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos tras el narcotráfico
El martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos —Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez— y a nueve empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operar una red de contrabando de combustible desde EE.UU. hacia México, diseñada para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales para el cartel. Simultáneamente, la FinCEN emitió la Alerta Suplementaria FIN-2026-Alert003, notificando a las instituciones financieras que desde su alerta anterior se han reportado más de 7.000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con estos esquemas. Es el cuarto bloque de sanciones de EE.UU. contra la red de financiamiento no narco del CJNG en menos de dos años —tras las acciones de septiembre de 2024, mayo de 2025 y diciembre de 2025— y confirma que Washington ha convertido el combate al huachicol fiscal en una prioridad permanente de política de seguridad bilateral, con implicaciones económicas, diplomáticas y judiciales que trascienden ampliamente la lista de nombres sancionados.
El robo y contrabando de combustible —el huachicol en su versión más sofisticada— ha pasado de ser un delito local que afectaba a Pemex a convertirse en una industria transfronteriza de escala industrial que genera miles de millones de dólares para los principales cárteles mexicanos y que ha captado la atención plena del aparato de seguridad financiera de Estados Unidos. El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro volvió a apuntar con su herramienta más potente —las sanciones de la OFAC— a los operadores financieros y logísticos de una red del CJNG dedicada al llamado huachicol fiscal: la importación de gasolina y diésel desde EE.UU. a México sin pagar los impuestos correspondientes en territorio mexicano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue explícito en su declaración: "La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses". Es una frase que resume perfectamente el doble objetivo de la escalada de sanciones de Washington: atacar las fuentes de financiamiento no narco del crimen organizado mexicano y, simultáneamente, mantener la presión diplomática sobre México en un contexto de relaciones bilaterales marcado por los aranceles, la migración y el fentanilo.
Los sancionados: quiénes son y qué se les imputa
Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, es descrito por la OFAC como el presunto "operador financiero" de la red: la persona encargada de crear y administrar las empresas utilizadas para facilitar el traslado ilegal de combustible desde EE.UU. hacia México y para mover los fondos generados por esas operaciones a través del sistema financiero. Las entidades bajo su control que han quedado sancionadas son siete: Centro Cambiario La Peseta (una casa de cambio), OJ Living Trust (entidad patrimonial), RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd., esta última registrada en el Reino Unido. La diversidad sectorial es característica de las estructuras de lavado de activos maduras: transporte, servicios financieros e inmuebles permiten justificar movimientos de dinero desde distintos ángulos y dificultar el rastreo.
J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, es acusado de introducir combustible de contrabando desde EE.UU. hacia México a través de dos empresas logísticas: Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según la OFAC, Ruiz pagaba sobornos a los grupos criminales que controlan los cruces fronterizos para asegurar el paso del combustible sin la documentación fiscal correcta. La Fiscalía General de la República (FGR) de México identificó que Ruiz usó estas empresas para realizar transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades de narcotráfico, lo que convierte a sus empresas en nodos de lavado de dinero en sentido amplio, no solo en operadores de contrabando de combustible.
"La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses. Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos hacen avanzar la prioridad de la administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y volver a hacer a América segura."
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos · declaración publicada por la AP y Yahoo News · 30 de junio de 2026.La alerta de la FinCEN: 7.000 millones de dólares en transacciones sospechosas
Simultáneamente a las sanciones de la OFAC, la FinCEN —la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro— publicó el documento FIN-2026-Alert003: una Alerta Suplementaria dirigida a instituciones financieras de EE.UU. sobre los esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal en la frontera sur, vinculados a los cárteles mexicanos. La cifra central del documento es de enorme relevancia: desde que se emitió la alerta anterior de la FinCEN sobre estos esquemas, las instituciones financieras han reportado a la agencia más de 7.000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con estos esquemas, en unos 160 reportes de actividad sospechosa (SAR), con origen predominante en los estados de Texas y Florida. Eso implica que, a pesar de las alertas y sanciones previas, el volumen de actividad sospechosa en el sistema financiero americano vinculada al huachicol fiscal sigue siendo enorme —y sigue fluyendo a través de bancos y entidades financieras reguladas en suelo estadounidense.
La alerta enumera indicadores de alerta —red flags— que los bancos deben vigilar: depósitos de efectivo en cuentas vinculadas a empresas de logística o transporte de combustible seguidos de transferencias urgentes hacia México; facturas de compra de gasolina o diésel en volumenes inconsistentes con el perfil del cliente; uso de múltiples empresas fachada en jurisdicciones distintas para fragmentar las operaciones y dificultar la trazabilidad; y patrones de transferencia repetitiva entre el sistema financiero de Texas y entidades con sede en estados del centro-norte de México. Los bancos deberán incluir la clave "FUELSMUGGLING-2026-Alert003" en sus SAR para marcar la conexión con estos esquemas. La alerta también refuerza los requerimientos de due diligence para toda empresa con operaciones en cadenas de suministro de combustible con México.
Qué es el huachicol fiscal: el mecanismo detrás del contrabando
El término huachicol tiene su origen en el robo físico de combustible mediante tomas clandestinas en los ductos de Pemex —una práctica que explosionó en la segunda mitad de los años 2000 y que durante el sexenio de Peña Nieto llegó a costar a la empresa estatal 7.102 millones de dólares entre 2012 y 2018—. El huachicol fiscal es su evolución más sofisticada: en lugar de taladrar ductos, los operadores adquieren gasolina y diésel legalmente en EE.UU. —donde los impuestos sobre los combustibles son significativamente más bajos que en México— y los introducen en territorio mexicano mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y el pago de sobornos a los grupos criminales que controlan los pasos fronterizos. Al vender ese combustible en México sin haber pagado el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) ni el IVA correspondiente, pueden ofrecer precios ligeramente por debajo del mercado —lo suficiente para ser competitivos— mientras generan márgenes de beneficio ilegales muy elevados.
El diferencial entre el precio del combustible en EE.UU. y su precio legal en México —una vez incorporados el IEPS y el IVA— es el combustible económico del negocio. En México, el IEPS sobre gasolinas y diésel representa varios pesos por litro, lo que hace que el margen de arbitraje sea estructuralmente atractivo. Según los datos de El País y del análisis de VeriFiGas, el huachicol fiscal provocó pérdidas para el gobierno federal mexicano de 177.170 millones de pesos en 2024, es decir, aproximadamente 485 millones de pesos diarios o 4.600 millones de dólares al año en evasión de IVA e IEPS. No son pérdidas de Pemex —que son adicionales—: son pérdidas directas del erario público mexicano, equivalentes a una parte significativa del gasto en programas sociales, infraestructura o salud.
| Fecha | Acción OFAC | Sancionados | Vinculación | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| 10 sep. 2024 | Sanciones EO 14059 | 9 mexicanos + 26 empresas · incluye Iván Cazarín Molina "El Tanque" | Red robo combustible CJNG · perforación ductos Pemex Veracruz · gasolineras mercado negro | Decenas de millones de dólares anuales para CJNG · primer gran golpe al huachicol cartel |
| 1 may. 2025 | Sanciones EO 14059 + alerta FinCEN | 3 mexicanos + 2 empresas · Familia Morfín Morfín "El Primito" · Servicios Logísticos Ambientales · Grupo Jala Logística | Fentanilo + robo combustible + contrabando crudo CJNG · frontera suroeste | Cientos de millones de dólares anuales · primera alerta FinCEN + OFAC coordinada |
| 16 dic. 2025 | Sanciones EO 14059 | Cartel Santa Rosa de Lima + José Antonio Yépez Ortiz (líder) | Huachicol Guanajuato · casi totalidad ingresos ilícitos CSRL provenientes de combustible | Primera sanción a cartel cuya principal actividad es el combustible, no las drogas |
| 30 jun. 2026 | Sanciones OFAC + Alerta Suplementaria FinCEN FIN-2026-Alert003 | 2 mexicanos (Juraidini Silva + Ruiz Villagómez) + 9 empresas (8 MX + 1 UK) · Centr. Cambiario La Peseta · Jomadi Logistics · Ahavat Logistics | Huachicol fiscal · contrabando gasolina/diésel EE.UU.→México · evasión IEPS/IVA · lavado via logística y real estate | $7B+ en SAR reportados desde alerta anterior · 160 reportes Texas/Florida |
La estrategia de Washington: presión financiera sistemática sobre el crimen organizado mexicano
El patrón que emerge de las cuatro acciones de sanciones en menos de dos años no es accidental. Washington ha decidido tratar el huachicol como una prioridad de seguridad financiera equivalente al fentanilo: es decir, no como un problema aduanero o fiscal menor de México, sino como una fuente de financiamiento de organizaciones que la administración Trump designó formalmente como organizaciones terroristas extranjeras en enero de 2025. Eso tiene consecuencias jurídicas directas: cualquier persona o entidad en cualquier parte del mundo que realice transacciones significativas con los sancionados puede quedar expuesta a sanciones secundarias, lo que obliga a las empresas de todo el mundo —incluyendo las europeas y las asiáticas con operaciones en México— a hacer una diligencia debida exhaustiva de sus contrapartes en la cadena de suministro de combustible mexicana.
La coordinación interagencial que subyace a estas acciones es notable. Las sanciones del 30 de junio fueron resultado de trabajo conjunto entre la OFAC, la FinCEN, la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). La FGR de México aportó información sobre las transacciones de Ruiz Villagómez, lo que sugiere que existe una cooperación bilateral en la investigación, aunque limitada. Esa cooperación es políticamente sensible para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que debe equilibrar la colaboración con Washington en materia de seguridad —que genera resultados concretos, como estas sanciones— con la reivindicación de la soberanía nacional que es parte central de su discurso político. El hecho de que México haya compartido información de la FGR con la OFAC para fundamentar las sanciones contra Ruiz Villagómez es un dato que el análisis bilateral no debe pasar por alto.
- El señalamiento del periodista Jesús Esquivel (Aristegui Noticias): En el contexto de las sanciones anteriores, el periodista de investigación señaló públicamente que el Departamento del Tesoro sanciona a los vendedores mexicanos del huachicol, pero no menciona a las empresas y personas estadounidenses que compran ese combustible de contrabando en Texas y otros estados fronterizos. Esquivel utilizó la expresión "tramposamente" para describir esa asimetría: la OFAC conoce la cadena completa del negocio —los compradores americanos son tan parte del esquema como los vendedores mexicanos— pero solo sanciona al lado mexicano.
- La lógica del negocio lo confirma: El combustible robado o de contrabando procedente de México termina, según la propia DEA y el Departamento del Tesoro, en manos de importadores, plantas de gas natural y empresas energéticas radicadas en la frontera suroeste de EE.UU. que lo adquieren con un descuento y lo revenden en el mercado americano. Esa demanda estadounidense es condición necesaria para que el negocio sea viable. Sin compradores en EE.UU., no hay incentivo para el contrabando de crudo desde México.
- La asimetría política: Sancionar a mexicanos tiene un costo político bajo para Washington y un efecto de señalización alto. Sancionar a empresas americanas implicaría reconocer la corresponsabilidad del lado estadounidense del negocio, lo que es políticamente mucho más costoso. Esta asimetría es una de las críticas más robustas al enfoque actual de las sanciones como herramienta para desmantelar el huachicol.
- La FinCEN sí señala el lado americano: Las alertas de la FinCEN, a diferencia de las sanciones de la OFAC, están dirigidas precisamente a las instituciones financieras estadounidenses —los bancos de Texas y Florida— para que detecten y reporten las transacciones sospechosas que fluyen a través de sus sistemas. Eso es una forma indirecta de presionar sobre el lado americano del negocio: si los bancos cumplen, el dinero del huachicol tiene menos espacio para moverse en el sistema financiero de EE.UU.