La Corte Suprema frena a Trump 6 a 3: la ciudadanía por nacimiento es constitucional y ningún decreto ejecutivo puede eliminarla

El caso Trump v. Barbara (No. 25-365) lleva el nombre de una mujer que en enero de 2025, recién llegada al mundo, enfrentaba la perspectiva de nacer en suelo estadounidense y no ser reconocida como ciudadana de ese país. El fallo de la Corte Suprema del pasado martes cierra ese horizonte para ella y para los aproximadamente 300.000 a 400.000 niños que nacen cada año en Estados Unidos de padres sin ciudadanía o residencia permanente. Pero el alcance del fallo trasciende ese número: reafirma que una de las disposiciones más fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos —la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda hace 158 años— no puede ser alterada por decreto presidencial. Y coloca al segundo mandato de Donald Trump ante una secuencia de derrotas judiciales de primera magnitud que plantea una pregunta que la segunda mitad del año 2026 deberá responder: ¿cuáles son los límites reales del poder ejecutivo en la era de Trump?

El fallo: composición de la mayoría y sus argumentos

El argumento central de la mayoría es sencillo en su formulación aunque lleva implica décadas de jurisprudencia: el texto de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos". Roberts y la mayoría concluyeron que los hijos de padres indocumentados o con estatus temporal cumplen ambas condiciones: nacen en suelo estadounidense y están sujetos a la jurisdicción del Estado, en el sentido de que deben obedecer sus leyes y pueden ser procesados por sus tribunales. La excepción histórica a esta regla —establecida ya en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark— es limitadísima: hijos de diplomáticos extranjeros con inmunidad, e históricamente, hijos de fuerzas de invasión enemigas o de miembros de pueblos indígenas con soberanía tribal separada. Los hijos de inmigrantes sin documentos o con visa de trabajo o turista no pertenecen a ninguna de esas categorías de excepción.

De la orden ejecutiva a la Corte Suprema: cronología del caso

• 20 ene. 2025Primer día del segundo mandato de Trump. Firma la Orden Ejecutiva 14160, que instruye a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en EE. UU. si ninguno de sus padres es ciudadano o residente permanente. La orden debía entrar en vigor el 19 de febrero de 2025.
• Ene.–feb. 2025La ACLU, el LDF, el Asian Law Caucus, la Democracy Defenders Fund y otras organizaciones presentan demandas en varios distritos federales. Los jueces de distrito en Nuevo Hampshire, Washington, Maryland y Massachusetts bloquean inmediatamente la implementación de la orden.
• 10 jul. 2025El Tribunal Federal de Nuevo Hampshire bloquea definitivamente la orden ejecutiva y certifica una clase nacional que protege la ciudadanía de todos los niños nacidos en suelo estadounidense afectados por la medida. La orden nunca llega a entrar en vigor en ningún punto del territorio nacional.
• Ago.–dic. 2025La administración Trump apela. Los tribunales de apelaciones confirman los bloqueos. La administración eleva el caso a la Corte Suprema, que acepta conocerlo en régimen de certiorari.
• 1 abr. 2026La Corte Suprema celebra los argumentos orales en Trump v. Barbara. Trump asiste personalmente en un hecho sin precedente: es el primer presidente en funciones en asistir a una audiencia de la Corte Suprema. Se retira antes de que la abogada de la ACLU, Cecilia Wang, concluya su argumentación. Al salir, declara en redes sociales: "¡Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la ciudadanía por nacimiento!".
• 30 jun. 2026La Corte Suprema emite su fallo en Trump v. Barbara (No. 25-365): 6 a 3 en contra de la Orden Ejecutiva 14160. La orden queda definitivamente invalidada. La ciudadanía por nacimiento permanece como derecho constitucional.
• 30 jun. 2026 · tardeEl Departamento de Justicia emite un memorando firmado por el fiscal general adjunto Colin McDonald instruyendo a todos los fiscales federales a priorizar la investigación y el procesamiento de los llamados "esquemas de turismo de parto" (birth tourism), la práctica de viajar a EE. UU. para dar a luz y obtener la ciudadanía para el hijo. Trump pide al Congreso que tramite una enmienda constitucional para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

La historia que respaldó el fallo: 128 años de precedente constitucional

La decisión de la Corte Suprema no es una innovación jurídica: es la confirmación de un precedente de 128 años de antigüedad. En United States v. Wong Kim Ark (1898), la Corte resolvió 6 a 2 que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos que no podían obtener la ciudadanía bajo las leyes de exclusión de la época, era ciudadano americano por el solo hecho de haber nacido en suelo estadounidense. La Corte estableció entonces que la expresión "sujeto a la jurisdicción" de la 14ª Enmienda se refiere a la jurisdicción territorial —la obligación de obedecer las leyes del Estado donde uno se encuentra— y no a una condición relacionada con el estatus migratorio de los padres. Ese precedente ha sido reafirmado en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XX y fue la base central sobre la que Roberts construyó la opinión de la mayoría en Trump v. Barbara.

El argumento de los tres disidentes —Thomas, Alito y Gorsuch— era una variante de una tesis académica minoritaria que ha circulado en círculos conservadores desde los años noventa. En su versión más sintética, sostiene que la frase "sujeto a la jurisdicción" fue pensada en 1868 con un alcance más restrictivo, limitado a quienes debían plena lealtad política al Estado —no mera sujeción territorial a sus leyes—, apoyándose en lecturas del jurista suizo del siglo XVIII Emmerich de Vattel. La mayoría y prácticamente toda la academia constitucional mainstream han rechazado sistemáticamente esa interpretación, señalando que el debate del Congreso durante la ratificación de la 14ª Enmienda muestra con claridad que los legisladores de la Reconstrucción querían garantizar la ciudadanía independientemente del origen de los padres —la Enmienda fue promulgada, entre otras razones, para garantizar la ciudadanía de los hijos de esclavos liberados—. El fallo del martes cierra ese debate a nivel constitucional: la interpretación restrictiva es jurídicamente inviable sin una enmienda constitucional.

La reacción de Trump y el DOJ: el pivote al turismo de parto

La respuesta de Trump al fallo fue doble. Por un lado, anunció públicamente que pedirá al Congreso que tramite una enmienda constitucional para eliminar la ciudadanía por nacimiento —una iniciativa que, para prosperar, requeriría dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartos de los estados (38 de 50), una perspectiva que la mayoría de los analistas considera prácticamente imposible en el horizonte político actual. Por otro lado, pocas horas después del fallo, el Departamento de Justicia emitió un memorando firmado por el fiscal general adjunto Colin McDonald instando a todos los fiscales federales del país a priorizar la investigación y el enjuiciamiento de los "esquemas de turismo de parto". La decisión del DOJ es sintomática: ante una derrota constitucional que cierra la puerta del decreto, la administración Trump reencuadra el debate hacia una conducta susceptible de ser tratada como fraude o delito —la de quienes viajan expresamente a dar a luz en EE. UU.— para mantener viva políticamente la cuestión y continuar señalando la ciudadanía por nacimiento como una anomalía explotable.

La lógica del movimiento es coherente con la estrategia mediática de la administración, aunque jurídicamente es de alcance muy limitado: el birth tourism es un fenómeno real pero numéricamente marginal respecto al total de nacimientos de padres no ciudadanos, la mayoría de los cuales corresponde a inmigrantes establecidos en el país, no a visitantes que viajan para dar a luz. El fallo del Tribunal Supremo, al fundamentarse en la Constitución y no solo en la ley federal, cierra también esa vía: según los propios juristas que analizaron el caso, ni siquiera una ley del Congreso podría restringir la ciudadanía por nacimiento sin una enmienda constitucional previa. El DOJ puede procesar casos de fraude de visados vinculados al birth tourism, pero no puede negar la ciudadanía al niño nacido, independientemente de las circunstancias del viaje de sus padres.

El patrón de las derrotas: el poder judicial como contrapeso al ejecutivo

El fallo en Trump v. Barbara es la tercera gran derrota del segundo mandato de Trump ante la Corte Suprema en 2026, y la que tiene mayor carga simbólica. La primera se produjo en febrero de 2026, cuando el Tribunal anuló los aranceles globales impuestos por Trump en aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una decisión que limitó sustancialmente la capacidad del ejecutivo para usar esa ley como herramienta de política comercial unilateral. La segunda ocurrió el lunes 29 de junio —el día anterior al fallo sobre la ciudadanía—, cuando la Corte rechazó el intento de Trump de destituir a Lisa Cook, gobernadora demócrata de la Reserva Federal, un movimiento que habría supuesto la mayor invasión del ejecutivo sobre la independencia del banco central en la historia moderna de Estados Unidos. Las tres derrotas tienen en común un elemento estructural: en los tres casos, la Corte Suprema —en la que los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3 y en la que tres de los nueve magistrados fueron nombrados por el propio Trump— se negó a respaldar la posición del ejecutivo. En Trump v. Barbara, dos de los tres magistrados nombrados por Trump —Kavanaugh y Barrett— votaron en contra de su orden ejecutiva.

Esto plantea una de las preguntas más relevantes del momento institucional de EE. UU.: la Corte Suprema que Trump construyó para garantizar respaldo judicial a su agenda está, en los casos de mayor trascendencia constitucional, limitando esa misma agenda. Roberts, Kavanaugh y Barrett están operando como árbitros institucionales del texto constitucional, no como extensiones del poder ejecutivo. Eso no significa que la Corte sea un contrapeso sistemático al trumpismo —en cuestiones como el aborto, los derechos LGBTQ+ o la inmunidad presidencial, la misma Corte ha resuelto en la dirección que el movimiento conservador buscaba—, pero sí significa que hay un núcleo duro de doctrinas constitucionales —la separación de poderes, la independencia del banco central, la ciudadanía como derecho constitucional— que incluso la mayoría conservadora de la Corte de 2026 está dispuesta a defender frente al ejecutivo.