Bolivia al límite: cuatro semanas de bloqueos, La Paz sitiada, el FMI proyecta -3,3% y el presidente ya puede desplegar el ejército

El detonante: una ley agraria y el precio del combustible

La crisis tiene raíces económicas profundas, pero fue una decisión legislativa la que encendió la mecha. A finales de 2025, el gobierno de Rodrigo Paz —candidato de centroderecha que asumió el poder en noviembre de 2025, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS)— eliminó la subvención a los combustibles como parte de su programa de ajuste fiscal. Aunque la medida fue acompañada de bonos compensatorios, el malestar se acumuló. En los primeros meses de 2026, una serie de denuncias sobre la comercialización de gasolina adulterada y de baja calidad que dañó vehículos en todo el país agravó el descontento. Y el 1.° de mayo, el gobierno cometió el error político que precipitó la crisis: promulgó la Ley 1720, que permitía a pequeños propietarios campesinos convertir voluntariamente sus tierras en garantía de créditos bancarios, quitándoles su carácter de inembargables. Para los sindicatos agrarios, indígenas aimaras y federaciones campesinas, la ley equivalía a abrir la puerta a la pérdida de sus tierras. Aunque Paz la derogó semanas después ante la presión, el gesto llegó demasiado tarde: las marchas ya se habían transformado en bloqueos, y los bloqueos en un cerco.

La ciudad sitiada: qué pasa en La Paz y El Alto

Desde la primera semana de mayo, La Paz —la capital administrativa de Bolivia— lleva más de veintiocho días sitiada por tierra. Los accesos a la ciudad y a El Alto, la gran metrópolis popular que la rodea a más de 4.000 metros de altitud, han sido bloqueados de forma sistemática por sindicatos de agricultores, mineros cooperativistas, maestros, transportistas y juntas vecinales. Al cierre de esta edición, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportaba 70 puntos activos de bloqueo en seis de los nueve departamentos, concentrados especialmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Los manifestantes, muchos de ellos mujeres aimaras con cacerolas vacías, detonan cargas de dinamita como señal de alerta y presión. Los camiones con alimentos llevan días atrapados en las rutas. En los hospitales de La Paz se han registrado escasez crítica de oxígeno medicinal. Los bancos cerraron sus puertas. Las estaciones del teleférico se convirtieron en el único medio de transporte para miles de ciudadanos que no pueden moverse en automóvil.

Los actores del conflicto

Evo Morales: el agitador desde la clandestinidad

La figura del expresidente Evo Morales (2006-2019) sobrevuela toda la crisis como un fantasma. Refugiado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba —la región cocalera del Chapare, su bastión histórico—, Morales permanece oculto y rodeado de centenares de seguidores que impiden la ejecución de la orden judicial de captura dictada en su contra. Un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía el 11 de mayo de 2026 por no comparecer al juicio oral donde se lo acusa de trata agravada de personas: la fiscalía sostiene que embarazó a una menor de 15 años mientras ejercía la presidencia. El proceso quedó suspendido hasta que la policía logre ejecutar la aprehensión o el propio Morales se entregue. Desde el Chapare, el ex mandatario no dirige formalmente el MAS —hay una rama del partido que respalda a Paz—, pero ha llamado públicamente a la movilización, calificando las protestas como una "revolución del pueblo" y exigiendo nuevas elecciones en un plazo de 90 días. El gobierno lo acusa de ser el cerebro político detrás de la radicalización de los bloqueos.

La respuesta de Paz: la "carta militar" sobre la mesa

El presidente boliviano ha manejado la crisis con una estrategia dual: diálogo público e instrumentos legales de fuerza en reserva. El 20 de mayo reestructuró su gabinete con la promesa de "escuchar más". Derogó la Ley 1720 que detonó las protestas. Desplegó unos 3.000 efectivos de seguridad para intentar reabrir los bloqueos, con un saldo de aproximadamente 57 personas detenidas. Pero el paso más significativo llegó el 26 de mayo: el Congreso aprobó con más de dos tercios de votos en ambas cámaras la abrogación de la Ley 1341 —la ley de estados de excepción vigente desde 2020—, y Paz la promulgó de inmediato. Con ello, el presidente recupera plena facultad para desplegar las Fuerzas Armadas en el control de conflictos internos sin las restricciones que esa ley imponía. El propio mandatario ha insistido en que el estado de excepción sería "la última opción", pero la herramienta ya está sobre la mesa. Estados Unidos, a través de la Alianza Escudo de las Américas, respaldó que el gobierno acuda a la "protección legal del orden público". Argentina envió un avión con suministros alimentarios a solicitud de Bolivia, ante la emergencia humanitaria en La Paz.

El colapso económico: los números de una crisis anunciada

La crisis política irrumpe sobre una economía que ya venía en caída libre antes de los bloqueos. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicadas en abril de 2026, Bolivia encabeza la lista de peores desempeños en Sudamérica este año, con una contracción del 3,3% del PIB y una inflación proyectada del 20,7%. La relación deuda/PIB se situó en el 95% en 2025. Las reservas internacionales cayeron de un pico histórico de 15.122 millones de dólares en 2014 a niveles mínimos desde 2023, cuando la escasez de divisas comenzó a golpear la economía cotidiana. El propio gobierno de Paz reconoció que los bloqueos de mayo han causado ya pérdidas económicas de 600 millones de dólares. La inflación real registrada en 2025 superó el 20%, y en marzo de 2026 la variación anual del IPC se situaba aún en el 15%. Los sindicatos que iniciaron las protestas exigiendo incrementos salariales ante esa inflación terminaron pidiendo, semanas después, la cabeza del presidente.

Lo que viene: diálogo, ejército o renuncia

El presidente Rodrigo Paz busca a contrarreloj una salida que no existe todavía. Hay dos procesos de mediación en marcha de forma paralela, aunque sin resultados concretos al cierre de esta nota. Los manifestantes, que firmaron un pacto de "no traición" que les prohíbe negociar individualmente con el gobierno, exigen como condición previa a cualquier diálogo la renuncia del mandatario —algo que Paz descarta categóricamente—. La posibilidad de un estado de excepción con militarización de las calles generaría previsiblemente una escalada de violencia de consecuencias imprevisibles en un país donde las movilizaciones masivas ya derrocaron a dos presidentes en el pasado (Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005). La paradoja es que los sectores populares que protagonizan las protestas son en su mayoría los mismos que votaron por Paz en octubre de 2025 para sacar al MAS del poder, y que hoy lo acusan de traición a sus promesas electorales. Bolivia tiene elecciones legislativas de medio término programadas, pero el plazo político parece demasiado largo para absorber la presión de las calles. El desenlace de las próximas 48 a 72 horas decidirá si el país se encamina a un acuerdo de mínimos, a una represión con consecuencias incalculables, o a la salida anticipada de un presidente que no llegó ni a los siete meses de mandato.